Aunque esta medida firmada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como autoridad delegada, solo se puede ejecutar durante el periodo en el que esté activo el estado de alarma, puede conllevar que profesionales sanitarios de todo tipo puedan ser movilizados a otras provincias según las necesidades en cada momento, por lo que no sería extraño que alguno de los 586 médicos del Complejo Asistencial Universitario de León o de los 208 del Hospital del Bierzo se desplazara a Burgos, Valladolid o Zamora si la situación pandémica lo requiere. Pero esta medida también afecta a los más de mil profesionales que están adscritos a Atención Primaria, en un momento en el que la presión asistencial está en máximos, cuando al covid-19 se le une la gripe estacional y, cuando haya vacunas, los tratamientos para inmunizar al máximo número de personas sobre el temido coronavirus.
El "˜decretazo"™, como ya lo denominan los sindicatos (Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE), así como los partidos de la oposición (PSOE y Podemos) no solo permite que un profesional especialista o de enfermería pueda desplazarse a otro hospital o centro de salud fuera de su ámbito de actuación habitual, sino que da vía libre a que en cada punto sanitario se reorganice el trabajo de todos los sanitarios.
Esta medida puede suponer el consiguiente cambio de permisos, vacaciones y licencias, la propia jornada de trabajo, régimen de turnos y descansos o guardias médicas, además de afectar también al personal en formación y con dispensa por la realización de funciones sindicales, la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación, y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal.
«Es necesario», argumentaba el sábado el Ejecutivo autonómico, adoptar medidas de «reforzamiento» en materia de personal, con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y evitar el colapso del sistema de salud. Pero esta decisión ha sido muy criticada por los representantes de los trabajadores, que pidieron al unísono la dimisión del presidente de la comunidad, puesto que «no merece seguir siéndolo ni un minuto más».
El mismo día en el que este decreto se publicó en el Bocyl, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, avanzaba en Twitter la disposición del Ejecutivo de negociar la aplicación de las denominadas prestaciones personales obligatorias, recogidas en el decreto para personal sanitario que rechazaron los seis sindicatos médicos, informa Ical.