El debate fue moderado por el Dr. Roberto Sabrido, responsable de Formación de la Fundación Colegio de Médicos de Toledo Dr. Atanasio Ballestero, quien tras saludar a los asistentes, especialmente al centenar aproximado de Latinoamérica y de Portugal, resaltó que la actual pandemia del SARS-CoV2, “o mejor dicho la sindemia en la que nos encontramos” está haciendo aflorar con mayor crudeza graves problemas que ya teníamos y dejan al descubierto las enormes desigualdades en el acceso a los medicamentos, en este caso a las vacunas, de los ciudadanos del mundo dependiendo del nivel económico de sus países. Una situación que, según el Dr. Sabrido, contraviene los tratados internacionales de derechos de los ciudadanos y se oponen a la deontología médica. Por eso, concluyó, es necesario analizar que se puede y que se debe hacer desde la profesión médica para paliar estas desigualdades.
Seguidamente, Fernando Lamata, especialista en Psiquiatría y presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, repasó las consideraciones éticas y deontológicas que hacen de la salud y la atención sanitaria derechos fundamentales de la ciudadanía y, por tanto, que obligan a facilitar el acceso justo a las vacunas y a los medicamentos para todos, sin exclusiones, y especialmente, en situaciones como la que estamos viviendo.
Así y tras describir que, a pesar de las dificultades, en España, en Europa y en otras zonas “ricas” del mundo el plan de vacunación posibilita un acceso equitativo a la inmunización, “a nivel global” se vislumbran de nuevo las grandes desigualdades que dibujan “el mapa de la vergüenza” entre países ricos y pobres porque las empresas que tienen las patentes abusan de su monopolio imponiendo cómo, dónde y cuánto producen y estableciendo, además, precios altos. Y todo ello, incidió Lamata, a pesar de que la investigación de las vacunas ha salido adelante mayoritariamente con fondos públicos.
En este sentido, el Dr. Lamata subrayó que “ante la catástrofe de la Covid-19, hay razones éticas y legales para suspender las patentes de vacunas para el SARS-CoV-2 y aumentar su producción a costes bajos con el objetivo de llegar a más personas, y parece que una forma de hacerlo sería mediante la presión de la opinión pública y la profesión médica” porque, añadió el mecanismo COVAX, diseñado por las propias empresas, para que esos países con menores ingresos reciban las migajas de la solidaridad de los más ricos “resulta totalmente insuficiente”.
“Es preciso cambiar el sistema”, volver a considerar el medicamento como “un bien común” y “para lograrlo debe haber una mayoría de médicos que apoyen el cambio activamente”, señaló Lamata, quien propuso la creación de un Fondo Global para financiar la investigación; Investigación abierta y cooperativa; una Plataforma pública para desarrollo de medicamentos, reservando la propiedad intelectual pública y con licencias abiertas; Fabricación en todo el planeta y a precios de coste. “Con el mismo gasto que van a hacer este año los países ricos en vacunas, cubrimos 100% de vacunas en todo el mundo. Y sobra mucho dinero. Si no se cambia el modelo las empresas van a seguir aumentando los precios 10 y 100 veces más”, concluyó.